Un complejo caso legal que involucra su propiedad, adquirida legítimamente en 2004 junto a Adán Benavides, a través de un título de reforma agraria. Como víctima de Juan Arévalo y Decster Carrión, la víctima enfrenta múltiples desafíos legales originados por acusaciones contra terceros por daños a la propiedad, estelionato, y uso de documentos falsos, en un contexto donde su titularidad ya está siendo disputada en la vía civil.

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El Juez del Tercero Distrito Civil de Managua ha dictaminado que los asuntos relacionados con la propiedad deben resolverse civilmente, destacando así la necesidad de centrar la resolución en el ámbito civil donde Salazar busca justicia y el reconocimiento de sus derechos.